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CHA solicita al Gobierno de Aragón que retire el anteproyecto y llame al Ayuntamiento de Zaragoza para redactar otro de manera conjunta

 

El gobierno de Aragón ha presentado hoy el anteproyecto de Ley de Capitalidad para Zaragoza. Un despropósito que lo hayan hecho solitos, cuando tenían que haber llamado al Ayuntamiento de Zaragoza para redactarlo conjuntamente.  Una ley tan importante para Zaragoza no puede elaborarse exclusivamente por parte del Gobierno de Aragón. Y es una irresponsabilidad política manifiesta que el Gobierno de Aragón no permita el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza, en cuyo término municipal se agrupa la mitad de la población de Aragón. Es insultante que no se haya convocado esa mesa de trabajo y que los concejales y concejalas de la mayor Administración Local de Aragón, que representan a casi 700.000 personas, no puedan participar en el diseño de una norma fundamental, que afecta no solo al futuro de esta ciudad sino también de Aragón, tal y como han denunciado nuestro compañero José Luis Soro, presidente de Chunta Aragonesista y portavoz en las Cortes y nuestro portavoz, Juan Martín.

Las últimas iniciativas presentadas en el debate del estado de la ciudad, en diciembre de 2013 aprobaron, también por unanimidad y esto es importante reseñarlo, solicitar al Gobierno de Aragón que, una vez elaborado el anteproyecto de ley de capitalidad, formara un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluyera a todos los Grupos Municipales, para consensuar el texto definitivo que se enviaría a las Cortes de Aragón para su debate, votación y aprobación, antes de que terminara la actual legislatura 2011-2015.
El Gobierno de Aragón  ha sido desleal con Zaragoza por legislar de espaldas a las personas a las que se destinan las leyes, sin haber sido hablado ni negociado con el Ayuntamiento de Zaragoza ni con los grupos municipales que en él representan a la ciudadanía zaragozana.

El PP y el PAR sabían perfectamente que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba a la espera de que el Gobierno de Aragón le llamara para constituir un grupo de trabajo con miembros de todos los grupos políticos con representación municipal, para elaborar una propuesta conjunta que sirviera de base para negociar esta Ley de Capitalidad. Una iniciativa de CHA que se adoptó en 2011, al aprobarse por unanimidad de todos los grupos presentes en aquella Corporación (PSOE-PP-CHA-PAR-IU). En 2013, volvimos a presentar otra iniciativa.
Dolores Serrat fue la portavoz del PP en aquel entonces, la que junto con el entonces portavoz del PAR, Manuel Blasco, hoy diputado en Cortes, firmaron también el acuerdo por lo que no se entiende que estos dos partidos desoigan aquella resolución unánime y presenten unilateralmente un anteproyecto de ley sin contar con la participación del mayor implicado en este proceso, el Ayuntamiento de Zaragoza.
CHA considera intolerable que el Partido Popular mantenga un doble discurso en función de la posición que ocupa, diferente si es gobierno o es oposición, que en el Ayuntamiento de Zaragoza sus representantes hayan estado y estén a favor del diálogo y el trabajo conjunto pero que desde el Gobierno Autonómico entiendan que es mejor el rodillo y la imposición.
Los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza merecen un mayor respeto de su Gobierno, por lo que una ley de vital interés para su desarrollo debería gozar del mayor de los consensos y el camino elegido por el Partido Popular y el Par (partido, recordemos, sin representación en el Consistorio) no es el más idóneo, a seis meses del final de la legislatura.
Esta presentación supone una desagradable sorpresa para quienes, como CHA, se lleva solicitando desde hace varias legislaturas, el cumplimiento de la Ley de Administración Local de Aragón, aprobada por las Cortes de Aragón en 1999 y que recoge la necesidad de regular la especial relación de Zaragoza con el resto de Aragón.

El pleno aprueba recurrir la Ley «tardofranquista» de Reforma de la Administración

Juan MartínEl pleno de febrero ha aprobado con los votos de la izquierda, la propuesta de alcaldía para que el consistorio lleve al Tribunal Constitucional la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  Tal y como ha dicho nuestro compañero Juan Martín, Chunta Aragonesista está a favor de la impugnación de esta Ley por dos razones: Tiene cierto regusto tardofranquista, por su carácter paternalista y tutelador. Y, por otra parte, recuerda a la política «vintage», política retro de hace 40 años que mira al resto de administraciones públicas como si no formaran parte de la administración del Estado. Como ha dicho el portavoz de CHA, en las ciudades nace la política, la libertad tanto individual como colectiva. Esta ley supone la amputación de estas libertades.

Por todo ello, seguimos diciendo que es un engendro de Ley que ni racionaliza la administración ni la hace más sostenible, al contrario, dejará sin servicios esenciales a los ayuntamientos, como los de  empleo, cooperación al desarrollo, infancia, juventud y mujer.  Hemos presentado diferentes iniciativas para asegurar la prestación de estos servicios. Desaparecerán del mapa municipal los Centros de Tiempo Libre,  las Casas de Juventud, Escuelas Infantiles, Centros de Convivencia de Mayores, Casa de la Mujer, Casa Amparo o  servicios como la Ayuda a Domicilio. Si bien la Ley establece que estos servicios pasan a ser competencia del Gobierno de Aragón, también contempla la posibilidad de que sigan prestándolos el Ayuntamiento pero financiados con el presupuesto autonómico. Con esta orden, nos podemos encontrar con que de un día para otro dejen incluso de ser prestados o externalizados, con el perjuicio que causará esto a los zaragozanos y zaragozanas.

 

Aprobada la moción de CHA para hacer informe sobre cómo quedarán las competencias municipales con la futura ley de telecomunicaciones

DSC_0019El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos de la izquierda y el voto en contra del PP, esta moción de nuestro grupo municipal , en la que se  insta al Gobierno de la ciudad a que elabore un informe jurídico sobre la situación en la que quedarán las competencias municipales en el proyecto de ley general de telecomunicaciones. También se ha aprobado emprender una campaña informativa sobre las consecuencias que tendrá para la ciudadanía esa futura ley. Precisamente para hablar de todo esto, Chesús Yuste dará una charla este lunes en el Actur. Esta ley coloca las cosas donde siempre quisieron lo operadores de telefonía, las convierte en las dueñas de la escena pública, de las azoteas de cualquier comunidad de propietarios. La ley invade  competencias municipales, una vez más y solo demuestra las intenciones del PP de «vender» los edificios de viviendas a las operadoras que podrán poner sus antenas donde quieran y como quieran.

Como sabéis, el Gobierno español ha presentado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, publicado en el BOCG de 27 de septiembre de 2013. En él, siguiendo la línea ideológica de las últimas leyes y proyectos de ley de la derecha, recentraliza competencias propias de Aragón y de los ayuntamientos aragoneses, además de establecer un predominio claro de la posición de las empresas privadas del sector en la ocupación del dominio público, en los procedimientos de expropiación forzosa y en las limitaciones de la propiedad

Uno de sus artículos prevé la eliminación la competencia municipal en materia en el otorgamiento de licencias, y las competencias exclusivas de Aragón recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía: en materia de medio ambiente (artículo 71.3), en materia de ordenación urbana y territorial (artículo 71.8 y 71.9) y en materia de salud pública (artículo 71.55 ).

La Administración de Aragón y la de los Ayuntamientos quedan como subsidiarias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La competencia aragonesa y de nuestros ayuntamientos se limita a la emisión de no vinculantes, teniendo un papel asimilable al del interesado en un procedimiento administrativo tanto en los procesos de expropiación forzosa (art. 29 del proyecto presentado), como para imponer obligatoriamente ubicaciones compartidas de infraestructuras y recursos asociados y la utilización del dominio público o la propiedad privada, en un procedimiento que se fijará reglamentariamente por Real Decreto residenciando la competencia exclusivamente en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, resolviendo en caso de conflicto la Comisión Estatal de los Mercados y la Competencia (art. 32 del proyecto). Del mismo modo, la normativa aragonesa y municipal que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas se somete a las disposiciones estatales (Titulo III, capítulo 2, Sección 2ª del proyecto presentado).

 

 

 

La nueva Ley de Telecomunicaciones permitirá instalar antenas de telefonía móvil en cualquier lugar

La nueva  la ley general de telecomunicaciones  en materia de Antenas de Telefonía Móvil supone dejar a las personas al pie de los caballos. Totalmente desasistidas si no quieren que una operadora les instale en su azotea un poste de antena. La Ley elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Solo tendrán que hacer una declaración «responsable» ante el Ministerio de Industria. Este es el PP. Las empresas de telefonía podrán colocar sus antenas donde quieran, sin pedir ningún permiso al ayuntamiento, ni urbanístico ni medioambiental.
Por tanto, las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil a partir de que se apruebe el texto definitivo de la reforma de la ley van a desaparecer totalmente. NO solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio ya que la nueva ley le quita totalmente las competencias  sino también desaparece cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de una antena de telefonía.
La normativa municipal que ahora existe sobre los planes de implantanción (impulsado el primero por CHA) y las distancias con los centros sensibles como centros de salud o colegios, desaparecerá. Quedará derogada toda la normativa municipal con la nueva regulación. La ausencia de autorización necesaria del Ayto junto con la necesidad de establecer servidumbre de paso en todas las azoteas, cambiará totalmente. Por eso hemos pedido un estudio jurídico sobre las consecuencias de esta ley y hemos alertado a las entidades y asociaciones afectadas porque, a partir de ahora, va a haber una total indefensión ciudadana.
Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Y declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas. La indefensión ciudadana va a ser terrible.  Además, la nueva Ley obliga a las otras administraciones a colaborar en la ubicación y colocación de las antenas y da  a las empresas de telefonía, capacidad expropiatoria.
Los vecinos afectados tendrán que dirigirse al Ministerio de Industria porque la ley centraliza la competencia y deja la regulación y preservación de la salud en manos del gobierno español y una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Las personas electrosensibles tendrán que ir a Madrid. Además como la comisión es interministerial se paseará de un ministerio a otro sin que nadie le resuelva nada.

Se ha presentado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en el que se da vía libre a las empresas para colocar antenas donde les sea más conveniente, sin necesidad de ningún tipo de permiso urbanístico, medioambiental, ni de ningún tipo.

Además, obliga a las otras administraciones a colaborar en la ubicación y colocación de las antenas.

Desmantela ordenanzas y otras normas municipales que ordenan y regulan la ubicación de las antenas desde el punto de vista urbanístico y medioambiental. Da a las empresas de telefonía capacidad expropiatoria.

Centraliza la competencia y deja la regulación y preservación de la salud en manos del gobierno español y una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Las personas electrosensibles tendrán que ir a Madrid. Además como la comisión es interministerial se paseará de un ministerio a otro sin que nadie le resuelva nada…

CHA pide un Pleno extraordinario para garantizar el 100% del empleo municipal tras la reforma local

Juan Martín, portavoz de CHA en el Ayto de ZGZLa Ley de Reforma Local afectará a 900 trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza ya que su aplicación, estimamos, supondrá un recorte de 95 millones de euros y obligará a disolver cinco sociedades. Por ello, hemos propuesto celebrar un pleno extraordinario para lograr el consenso político necesario para  garantizar el 100% del empleo público. La disolución de sociedades será obligatoria para aquellas cuyo porcentaje de autofinanciación sea inferior al 50%, de ahí nuestra propuesta, además, para evitar este desastre.

Tal y como ha destacado Juan Martín,  el impacto de esta malísima e ineficaz reforma será brutal, así  que hemos planteado al equipo de gobierno que elabore de forma urgente un informe del impacto en el presupuesto y otro jurídico para abordar la creación de la comarca de Zaragoza. La constitución de una comarca de un espacio metropolitano ayudaría a la ciudad de Zaragoza y sus municipios colindantes a poder paliar el efecto de la reforma residenciando una parte de las competencias impropias en ella.  Hemos solicitado también una comisión bilateral para después del Pleno, con el Gobierno de Aragón para que la presidenta de Aragón,  reaccione ante lo que  consideramos un ataque a la autonomía local.

Le vamos a pedir al Gobierno de la ciudad que la convoque al máximo nivel para que se moje Luisa Fernanda Rudi. Queremos que se realice después del Pleno para que el Gobierno vaya a esa Bilateral con el máximo nivel de arrope posible.  A ver si, por lo menos, conseguimos que se lea el texto de la Reforma Local, porque tal y como son en el PP, se «tragan» lo que venga de Madrid por el simple hecho de que lo consideran «bueno». ¿Igual que los sobres?