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PSOE Y PP RECHAZAN LA MOCIÓN DE CHA EXIGIENDO EL CESE TEMPORAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO IMPUTADOS CASO PLAZA

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza parecía esta tarde una piscina donde los «bañistas» del PP y PSOE se han dedicado a darse «cremita» unos a otros con el fin de que les «resbalara» la moción de  CHA   pidiendo  al alcalde de la ciudad el cese temporal  de sus responsabilidades de Gobierno de Fernando Gimeno,  Carmen Dueso  e Isabel López por su imputación en una de las ocho causas judiciales abiertas que actualmente investiga la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza. El pacto entre el  Partido Popular y el PSOE ha conseguido  tumbar nuestra moción alegando que «no es lo mismo que lo de Antonio Becerril. Belloch, que lo cesó al día siguiente de ser imputado en el caso Molinos, de la Muela, ha dicho que mientras no se abre el juicio oral, no se puede pedir responsabilidades. Tampoco se hizo en el caso Becerril, ex responsable de Infraestructuras y Participación Ciudadana,  pero esto Belloch lo ha calificado como «incorrección del proceso». Tal y como le ha dicho Juan Martín, lo que se aplicó a Becerril tiene que ser lo mismo para estos tres imputados, algo que tampoco ha respaldado el PP porque tiene también a consejeros y miembros del Gobierno de Aragón metidos en el mismo saco.
Dentro de 15 días, el juez del caso llamará a declarar a los imputados, en el proceso  que estudia la adjudicación de las obras del apartadero ferroviario y la urbanización de la zona de reserva de PlaZa para crecimientos de la plataforma logística por 15,53 millones de euros a la UTE Acciona-Mariano López Navarro.  Los hechos son anteriores al año 2011, su trascendencia penal importante y políticamente graves, teniendo en cuenta, además, que resultan imputados cargos públicos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza (gobernados ambas en aquellos años por el equipo PSOE-PAR) y otras personas que, entonces y/o ahora, pertenecen al Gobiernos dirigidos por el Partido Popular.

 

 

CHA replica a Belloch que lo irresponsable es mantener en el gobierno municipal a imputados

Juan Martín, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de ZaragozaSolo defendemos la institución que representa a toda la ciudadanía, en la que no puede haber nadie gobernando que esté imputado. Lo que pedimos es que cesen en sus cargos de manera provisional, se defiendan y que cuando se aclarare todo, vuelvan, si procede a sus puestos, pero el Ayuntamiento tiene que quedar al margen de cualquier proceso judicial. Esto es lo que ha contestado esta misma tarde  Juan Martín, portavoz de CHA en el Ayuntamiento, al alcalde Belloch al acusarnos de «exagerar» la situación de las personas de su gobierno, actualmente  imputadas en uno de los casos que investiga la corrupción en PlaZa.

Por eso,  preguntamos al alcalde Belloch por qué actúa de manera diferente a como actuó con el ex Consejero Municipal Antonio Becerril, a quien cesó en su cargo al día siguiente de ser declarado imputado en la Operación «Molinos». Lo cesó de manera provisional, a la espera de que saliera la sentencia que por cierto, fue una sentencia contraria a lo que dijo el propio alcalde ya que defendió a capa y espada la inocencia de Becerril y luego fue condenado.
CHA pide al alcalde Belloch que se acuerde de sus palabras y pida perdón en plaza pública por haber sostenido la inocencia de Becerril mientras lo cesaba para después resultar condenado.Lo que hace a un político ser irresponsable y líder máximo de la vieja política es atribuir la posición de los demás a la cercanía electoral lo cual lleva a pensar que si no cesa en sus funciones a estos tres imputados es por una cuestión electoral interna del propio PSOE.

Nos  resulta claramente contradictorio y falto de ética que el PSOE pida en el Parlamento el cese de los imputados del PP y no lo haga con los suyos.

CHA SOLICITA AL GOBIERNO MUNICIPAL QUE PERSONE AL AYUNTAMIENTO EN EL «CASO NAVES»

 

Nuestro grupo municipal presentará una moción en el pleno de este mes para solicitar al Gobierno de la ciudad que preserve los intereses municipales en el «caso Naves» y vuelva a personarse en dicho proceso judicial que está investigando una presunta malversación de dinero público. Si no vuelve a personarse en el caso, se entenderá que solo querían proteger a sus compañeros de partido encausados por lo que suena a excusa que el gobierno municipal diga que los intereses de la ciudad están suficientemente protegidos y garantizados por otras partes personadas en la causa.  Tal y como ha dicho Juan Martín, consideramos que de no continuar en el caso Naves puede entenderse que el consistorio se pliega a los intereses del PSOE en dicho caso, en el que están imputados, entre otros, por una presunta malversación de fondos públicos, varios ex altos cargos socialistas. Además, ahora que se conoce que medio gobierno municipal ha sido imputado por el titular del juzgado de instrucción número 12 por entender que han podido prevaricar como miembros del Consejo de Administración de PlaZa, al gobierno municipal también le interesa personalmente personarse en el caso para tener información de primera mano.

Por eso pedimos al gobierno municipal que retome la causa y que defienda los intereses de la ciudad, independientemente de que las acciones municipales en la sociedad PLA-ZA sean del 12,12%. Creemos que el Ayuntamiento debe personarse para salvaguardar los intereses municipales hasta que se produzca la sentencia

 

La noticia publicada en primicia por LA AGENCA DE NOTICIAS  ARAGÓN PRESS, Un exviceconsejero y dos exconsejeros del Gobierno de Aragón, además del vicealcalde de Zaragoza acaban de ser imputados en una de las ocho causas judiciales abiertas que actualmente investiga la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza. En concreto, en la que estudia la adjudicación de las obras del apartadero ferroviario y la urbanización de la zona de reserva para crecimientos por 15,53 millones de euros a la UTE Acciona-Mariano López Navarro.

El magistrado encargado de ello, Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, entiende que han podido prevaricar como miembros del Consejo de Administración de Plaza y por ello cita a declarar en calidad de imputados al exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco y a los exconsejeros Alberto Larraz (Economía) y Maite Verde (Ciencia, Tecnología y Universidad).

Asimismo, imputa al vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y a la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso. En la lista también añade a José Luis Abad, exconsejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; a la concejala del Mayor, María Isabel López; a Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación, y Fernando Casanovas (representantes de CAI en aquel momento); y a José Luis Rodrigo Moya (representante de Ibercaja en aquel momento).

A la lista se añadirían el exconsejero socialista Alfonso Vicente (Transporte) y el aragonesista Alfredo Boné (Medio Ambiente) y al actual consejero popular de Economía, Francisco Bono. Sin embargo, el juez es incompetente para imputarles porque estos tres son diputados y gozan de aforamiento. Esta situación hace que haya tenido que trasladar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El juez Tello señala en el escrito, al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, que todos tienen responsabilidad en esta causa. Entiende que fueron quienes tomaron la decisión para formar la voluntad del órgano y que se trata de personas a las que es aplicable la condición de funcionario público.

Admite el instructor que se puede decir que la decisión la tomaron condicionados por la información que ofreció el exgerente, Ricardo García Becerril –imputado en esta causa–, pero que, aun así, son resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración y que “en la formación de esa voluntad intervenían todos y cada uno de los miembros presentes en las distintas reuniones, evidentemente pudiendo votar en un sentido diferente al que lo hicieron”.

El auto va más allá cuando dice que los trece imputados “pudieron pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado, especialmente de las consecuencias de la decisión que estaba tomaron, pero que nada hicieron”.

A estas afirmaciones llega el magistrado, tal y como reconoce, después de que García Becerril y sus letrados José María Gimeno del Busto y José María Pabán aportara todas las actas del Consejo de Administración en la que éste estaba perfectamente informado de los contratos.

DECLARARÁN A PARTIR DEL 14 DE JULIO

El magistrado Alfonso Tello ya tomó declaración por este caso al trabajador de Acciona, Chabier Mayayo, en calidad de testigo, y al exgerente Ricardo García Becerril. A esta lista se sumará el próximo 14 de julio: Carlos Esco, Alberto Larraz, María Teresa Verde y José Luis Abad.

El día 15 de julio están llamados María Isabel López, Agustín García Inda, Fernando Casasnovas y José Luis Rodrigo. Ya el día 17 lo harán Carmen Dueso y Fernando Gimeno.

Como testigos también tendrán que ir a declarar la exsecretaria de Plaza, Pilar Lidón; el secretario de Plaza Ignacio Sarria y el abogado de Plaza José Manuel García-Figueras.

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