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El pleno aprueba recurrir la Ley «tardofranquista» de Reforma de la Administración

Juan MartínEl pleno de febrero ha aprobado con los votos de la izquierda, la propuesta de alcaldía para que el consistorio lleve al Tribunal Constitucional la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  Tal y como ha dicho nuestro compañero Juan Martín, Chunta Aragonesista está a favor de la impugnación de esta Ley por dos razones: Tiene cierto regusto tardofranquista, por su carácter paternalista y tutelador. Y, por otra parte, recuerda a la política «vintage», política retro de hace 40 años que mira al resto de administraciones públicas como si no formaran parte de la administración del Estado. Como ha dicho el portavoz de CHA, en las ciudades nace la política, la libertad tanto individual como colectiva. Esta ley supone la amputación de estas libertades.

Por todo ello, seguimos diciendo que es un engendro de Ley que ni racionaliza la administración ni la hace más sostenible, al contrario, dejará sin servicios esenciales a los ayuntamientos, como los de  empleo, cooperación al desarrollo, infancia, juventud y mujer.  Hemos presentado diferentes iniciativas para asegurar la prestación de estos servicios. Desaparecerán del mapa municipal los Centros de Tiempo Libre,  las Casas de Juventud, Escuelas Infantiles, Centros de Convivencia de Mayores, Casa de la Mujer, Casa Amparo o  servicios como la Ayuda a Domicilio. Si bien la Ley establece que estos servicios pasan a ser competencia del Gobierno de Aragón, también contempla la posibilidad de que sigan prestándolos el Ayuntamiento pero financiados con el presupuesto autonómico. Con esta orden, nos podemos encontrar con que de un día para otro dejen incluso de ser prestados o externalizados, con el perjuicio que causará esto a los zaragozanos y zaragozanas.

 

CHA PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA TRATAR LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA LOCAL

106 millones de euros y 760 los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza están afectados por la competencias que dejará de prestar el consistorio tras la entrada en vigor el pasado 31 de diciembre de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local y que pasará a ejercer el Gobierno autonómico. Tal y como propuso nuestro grupo el pasado 1o de enero, pedimos que el gobierno municipal acepte la convocatoria de  un pleno extraordinario, con esta moción aprobada por el resto de grupos, así como un grupo de trabajo en el que estén presentes todos los grupos políticos del ayuntamiento más técnicos municipales para poder atar los cabos de una nefasta reforma que solo ahondará en los problemas que tiene actuales la administración local.

 Hemos pedido al vicealcalde Fernando Gimeno que suministre a los grupos la información que haya  sobre el estado de estas competencias en las reuniones que se mantengan con el Gobierno de Aragón pero esta no llega. La ley recoge que las competencias en empleo, acción social, educación, juventud, infancia o mujer  sean financiadas al cien por cien por una administración, y en caso de que no las ejerciera el Gobierno de Aragón, las puede desarrollar el Ayuntamiento por delegación. Hay diferentes plazos en este traspaso,  por ejemplo, las competencias en acción social se tienen que financiar por el Gobierno de Aragón en el plazo de dos años tras la entrada en vigor de la ley, mientras que sobre las de educación, como las escuelas infantiles, el Gobierno autonómico financiará el 20% durante cinco años hasta asumir completamente la competencia.

 

CHA pide un pleno extraordinario y un grupo de trabajo para velar por los servicios públicos tras la reforma local

 

Hoy hemos pedido la celebración de un pleno extraordinario para conocer cómo se van a prestar las competencias que  la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local eliminará del elenco de servicios de Ayuntamientos como el de Zaragoza. Nuestro grupo  quiere que en el pleno municipal se aporten todos los datos disponibles sobre cómo afectará esta reforma local tan agresiva  y tan  injusta que puede hacer perder muchos servicios públicos y puestos de trabajo. CHA solicitará también que se cree un grupo de trabajo en el que estén presentes los cuatro grupos municipales para evitar que la aplicación de la Ley deje en el aire la prestación de los servicios concernidos y cuya finalidad sea tutelar todo el proceso de las transferencias entre DGA y Ayuntamiento. Tal y como ha dicho Carmelo Asensio, no basta con la carta que el vicealcade ha enviado al Gobierno de Aragón solicitando información al respecto. Creemos que hay que darse prisa en el conocimiento de cómo se asumirán las competencias porque la nueva situación va a afectar negativa y directamente a la ciudadanía.

Las competencias que la Ley retira a los ayuntamientos son las de empleo, cooperación al desarrollo, infancia, juventud y mujer. Todos los centros de tiempo libre,  las Casas de Juventud, Escuelas Infantiles, Centros de Convivencia de Mayores, Casa de la Mujer, Casa Amparo o  servicios como la Ayuda a Domicilio. Si bien la Ley establece que estos servicios pasan a ser competencia del Gobierno de Aragón, también contempla la posibilidad de que sigan prestándolos el Ayuntamiento pero financiados con el presupuesto autonómico pero nos podemos encontrar con que de un día para otro dejen incluso de ser prestados o externalizados, con el perjuicio que causará esto a los zaragozanos y zaragozanas.

Por eso, nuestro grupo exige celeridad tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Gobierno de Aragón para solucionar una situación que afecta a la prestación de servicios esenciales para buena parte de la población zaragozana, además de a una posible pérdida de empleo ya que el personal que se transfiera, si es eventual, puede perder su puesto de trabajo si la DGA decide asumir el servicio con su propia plantilla.

 

CHA pide un Pleno extraordinario para garantizar el 100% del empleo municipal tras la reforma local

Juan Martín, portavoz de CHA en el Ayto de ZGZLa Ley de Reforma Local afectará a 900 trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza ya que su aplicación, estimamos, supondrá un recorte de 95 millones de euros y obligará a disolver cinco sociedades. Por ello, hemos propuesto celebrar un pleno extraordinario para lograr el consenso político necesario para  garantizar el 100% del empleo público. La disolución de sociedades será obligatoria para aquellas cuyo porcentaje de autofinanciación sea inferior al 50%, de ahí nuestra propuesta, además, para evitar este desastre.

Tal y como ha destacado Juan Martín,  el impacto de esta malísima e ineficaz reforma será brutal, así  que hemos planteado al equipo de gobierno que elabore de forma urgente un informe del impacto en el presupuesto y otro jurídico para abordar la creación de la comarca de Zaragoza. La constitución de una comarca de un espacio metropolitano ayudaría a la ciudad de Zaragoza y sus municipios colindantes a poder paliar el efecto de la reforma residenciando una parte de las competencias impropias en ella.  Hemos solicitado también una comisión bilateral para después del Pleno, con el Gobierno de Aragón para que la presidenta de Aragón,  reaccione ante lo que  consideramos un ataque a la autonomía local.

Le vamos a pedir al Gobierno de la ciudad que la convoque al máximo nivel para que se moje Luisa Fernanda Rudi. Queremos que se realice después del Pleno para que el Gobierno vaya a esa Bilateral con el máximo nivel de arrope posible.  A ver si, por lo menos, conseguimos que se lea el texto de la Reforma Local, porque tal y como son en el PP, se «tragan» lo que venga de Madrid por el simple hecho de que lo consideran «bueno». ¿Igual que los sobres?

Propuesta de CHA para hacer frente al proyecto de Ley de Reforma Local para asegurar el empleo público

Carmelo AsensioNuestro grupo municipal va a proponer, a través de esta moción que defenderá Carmelo Asensio,  la creación de los organismos autónomos necesarios que integren a todas las sociedades y patronatos municipales. El objetivo es terminar con la asignatura pendiente que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para llevar a cabo la reestructuración del organigrama municipal. A tenor del último borrador del futuro proyecto de Ley de Reforma Local, en estos momentos, la plantilla afectada por esta Ley es de casi 700 trabajadores, a los que hay que añadir unos 190 de trabajadores conveniados con otras administraciones, principalmente en Acción Social y empleo. Paralelamente, el Ayto de Zaragoza tiene una estructura de gestión no directa a través de 10 organismos autonomos y sociedades municipales que aglutinan a 541 trabajadores y concentra 84 millones del presupuesto municipal, el 12%, aproximadamente.

Por eso CHA plantea esta moción para conseguir el apoyo de todos los grupos políticos a llegar a un acuerdo para evitar los efectos que puede tener la reforma laboral en el empleo y el compromiso de  que no se van a destruir puestos de trabajo.

Nuestro grupo plantea, además, anticiparse a esta Reforma y llevar a cabo una reestructuración de todos los organismos autónomos y sociedades a través de un Instituo Municipal de Derecho Público. CHA opta por esta figura jurídica para ganar en eficiencia, garantizar el empleo y garantizar la titularidad pública de los diferentes servicios. Además se conseguiría ajustar el gasto al crear centrales de compra y reducir las estructuras directivas.

En coherencia con el voto particular que CHA presentó cuando el gobierno quiso crear un EPE en cultura en donde ya manifestamos que no era lo más adecuado y que CHA conseguió paralizar.

CHA plantea que se creen todos los institutos que sean necesarios. En principio el que se puede crear ya es el Instituto Municipal de Cultura en el que se aglutinarían los dos Patronatos, el de Artes Escénicas y el de educación y Bibliotecas y también las dos Sociedades.  Es posible crear un segundo Instituto, en todo lo que se llama actividades de fomento de la ciudad, con el Imefez que englobaría a Zaragoza Activa y Zaragoza Dinámica.
Quedaría algún «verso suelto», como Zaragoza Vivienda y Zaragoza Deporte que podrían seguir subsistiendo como sociedades.
Rechazamos el EPE porque no garantiza la continuidad de determinados servicios, a tenor del borrador de la Reforma. Hay otras fórmulas, como los Institutos, para salvar el empleo.

A diferencia de las EPES, los Institutos son organismos públicos que se rigen por el derecho público y no por el privado y son la garantía del mantenimiento del empleo municipal. Pensamos que estos Institutos serían la alternativa a la Entidad Pública Empresarial que quiere crear el gobierno municipal para hacer frente, supuestamente, a la Ley de la reforma de la Administración Local pero que no servirá para los objetivos propuestos. Además, de mantener el empleo, estos institutos servirían para simplificar la estructura municipal en su conjunto porque la reduciría y permitiría obtener mejoras en la agilidad y flexibilidad en la gestión que exigen muchos servicios que presta el consistorio. Estos Institutos no generarán gasto añadido a las cuentas municipales porque se unificaría la gestión económica generando centrales de compra y de servicios, reduciría las estructuras directivas y, además,  garantizaría el empleo de los trabajadores municipales y la titularidad pública de los servicios.