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Aprobada la moción de CHA para hacer informe sobre cómo quedarán las competencias municipales con la futura ley de telecomunicaciones

DSC_0019El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos de la izquierda y el voto en contra del PP, esta moción de nuestro grupo municipal , en la que se  insta al Gobierno de la ciudad a que elabore un informe jurídico sobre la situación en la que quedarán las competencias municipales en el proyecto de ley general de telecomunicaciones. También se ha aprobado emprender una campaña informativa sobre las consecuencias que tendrá para la ciudadanía esa futura ley. Precisamente para hablar de todo esto, Chesús Yuste dará una charla este lunes en el Actur. Esta ley coloca las cosas donde siempre quisieron lo operadores de telefonía, las convierte en las dueñas de la escena pública, de las azoteas de cualquier comunidad de propietarios. La ley invade  competencias municipales, una vez más y solo demuestra las intenciones del PP de «vender» los edificios de viviendas a las operadoras que podrán poner sus antenas donde quieran y como quieran.

Como sabéis, el Gobierno español ha presentado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, publicado en el BOCG de 27 de septiembre de 2013. En él, siguiendo la línea ideológica de las últimas leyes y proyectos de ley de la derecha, recentraliza competencias propias de Aragón y de los ayuntamientos aragoneses, además de establecer un predominio claro de la posición de las empresas privadas del sector en la ocupación del dominio público, en los procedimientos de expropiación forzosa y en las limitaciones de la propiedad

Uno de sus artículos prevé la eliminación la competencia municipal en materia en el otorgamiento de licencias, y las competencias exclusivas de Aragón recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía: en materia de medio ambiente (artículo 71.3), en materia de ordenación urbana y territorial (artículo 71.8 y 71.9) y en materia de salud pública (artículo 71.55 ).

La Administración de Aragón y la de los Ayuntamientos quedan como subsidiarias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La competencia aragonesa y de nuestros ayuntamientos se limita a la emisión de no vinculantes, teniendo un papel asimilable al del interesado en un procedimiento administrativo tanto en los procesos de expropiación forzosa (art. 29 del proyecto presentado), como para imponer obligatoriamente ubicaciones compartidas de infraestructuras y recursos asociados y la utilización del dominio público o la propiedad privada, en un procedimiento que se fijará reglamentariamente por Real Decreto residenciando la competencia exclusivamente en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, resolviendo en caso de conflicto la Comisión Estatal de los Mercados y la Competencia (art. 32 del proyecto). Del mismo modo, la normativa aragonesa y municipal que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas se somete a las disposiciones estatales (Titulo III, capítulo 2, Sección 2ª del proyecto presentado).

 

 

 

La nueva Ley de Telecomunicaciones permitirá instalar antenas de telefonía móvil en cualquier lugar

La nueva  la ley general de telecomunicaciones  en materia de Antenas de Telefonía Móvil supone dejar a las personas al pie de los caballos. Totalmente desasistidas si no quieren que una operadora les instale en su azotea un poste de antena. La Ley elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Solo tendrán que hacer una declaración «responsable» ante el Ministerio de Industria. Este es el PP. Las empresas de telefonía podrán colocar sus antenas donde quieran, sin pedir ningún permiso al ayuntamiento, ni urbanístico ni medioambiental.
Por tanto, las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil a partir de que se apruebe el texto definitivo de la reforma de la ley van a desaparecer totalmente. NO solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio ya que la nueva ley le quita totalmente las competencias  sino también desaparece cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de una antena de telefonía.
La normativa municipal que ahora existe sobre los planes de implantanción (impulsado el primero por CHA) y las distancias con los centros sensibles como centros de salud o colegios, desaparecerá. Quedará derogada toda la normativa municipal con la nueva regulación. La ausencia de autorización necesaria del Ayto junto con la necesidad de establecer servidumbre de paso en todas las azoteas, cambiará totalmente. Por eso hemos pedido un estudio jurídico sobre las consecuencias de esta ley y hemos alertado a las entidades y asociaciones afectadas porque, a partir de ahora, va a haber una total indefensión ciudadana.
Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Y declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas. La indefensión ciudadana va a ser terrible.  Además, la nueva Ley obliga a las otras administraciones a colaborar en la ubicación y colocación de las antenas y da  a las empresas de telefonía, capacidad expropiatoria.
Los vecinos afectados tendrán que dirigirse al Ministerio de Industria porque la ley centraliza la competencia y deja la regulación y preservación de la salud en manos del gobierno español y una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Las personas electrosensibles tendrán que ir a Madrid. Además como la comisión es interministerial se paseará de un ministerio a otro sin que nadie le resuelva nada.

Se ha presentado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en el que se da vía libre a las empresas para colocar antenas donde les sea más conveniente, sin necesidad de ningún tipo de permiso urbanístico, medioambiental, ni de ningún tipo.

Además, obliga a las otras administraciones a colaborar en la ubicación y colocación de las antenas.

Desmantela ordenanzas y otras normas municipales que ordenan y regulan la ubicación de las antenas desde el punto de vista urbanístico y medioambiental. Da a las empresas de telefonía capacidad expropiatoria.

Centraliza la competencia y deja la regulación y preservación de la salud en manos del gobierno español y una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Las personas electrosensibles tendrán que ir a Madrid. Además como la comisión es interministerial se paseará de un ministerio a otro sin que nadie le resuelva nada…