CHA considera que la propuesta presentada por el gobierno municipal es claramente insuficiente y esconde un recorte importante de personal. En primer lugar porque faltan 1.700 puestos de trabajo que corresponden a los servicios de policía local y bomberos (están pendientes de un proceso de reclasificación) y, en segundo lugar, porque esta rpt elimina 633 vacantes. Esto es muy grave porque el gobierno municipal solo reconoce en su propuesta la existencia de 317 vacantes cuando el número real está en 950 por lo que el gobierno municipal incurre en graves irregularidades. Además, es una arbitrariedad absoluta porque no se fija ningún procedimiento concreto para la amortización de dichas vacantes y por otro lado, no se explican los criterios ni la causa de la desaparición de dichas vacantes, tal y como ha denunciado Carmelo Asensio.
En estos últimos nueve años se han hecho modificaciones sin ajustar la rpt a la situación actual del Ayuntamiento de Zaragoza. Ante esta situación, el área de Régimen Interior, cuya responsable es Lola Ranera, ha hecho una propuesta con 3.909 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 3.092 serían puestos que ya están ocupados en la plantilla actual y el resto, 317 serían vacantes a cubrir.
La rpt es el documento base de la organización de los recursos humanos que debería recoger la plantilla actual, así como las vacantes que se han ido generando a lo largo de los últimos años. Se conforma en función de la estructura municipal y de las necesidades de los distintos servicios. El Ayuntamiento lleva nueve años sin adaptar la rpt a la realidad municipal.
Por otro lado, con la actual propuesta del gobierno se hipoteca el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de servicios ya que la reducción a su mínima expresión de la rpt hará que el Ayuntamiento siga prestando servicios con menos recursos humanos. Reduce en dos terceras partes las vacantes existentes por lo que no se garantiza la prestación de servicios, ya de por si infradotados, con la suficiente calidad.
CHA también critica el proceso negociador seguido por el gobierno también ha demostrado una absoluta falta de voluntad negociadora al fijar unos plazos excesivamente cortos en la negociación sindical, al no dejar capacidad de participación a los representantes de los trabajadores y al no haber aportado toda la documentación requerida para su análisis. Vamos a pedir, además, la valoración económica de todo el proceso para conocer si ha habido un aumento del coste económico.
