Por un nuevo sistema de protección que se ajuste a la situación social actual y atienda a las personas que más lo necesiten

“Hay que crear un nuevo sistema de protección que se ajuste a la situación social actual y atienda a las personas que más lo necesiten». Esta es una de las conclusiones de las I Jornadas de Política Social organizadas por CHA, en la que participaron cerca de treinta entidades sociales aragonesas, y en las que se evidenció que el sistema de protección social actual está desequilibrado y obsoleto. Las entidades  ofrecieron datos sobre la actual situación de los servicios sociales, colapsados ante el uso masivo que miles de familias están haciendo de ellos debido a la pérdida de empleo. “Los servicios sociales son el último apoyo a los que acuden las personas en situación de desempleo y que han agotado todo tipo de ayudas. La crisis actual ha aumentado el número de usuarios por cinco, por lo que se ha desbordado todas las previsiones”, afirmó Jesús Domínguez, trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de la Plataforma de Profesionales de los Servicios Social del Ayuntamiento zaragozano.

En esta línea, Francisco Yagüe, de Cáritas, incidió en que el sistema de prestaciones económicas está desequilibrado y no existe coordinación entre las administraciones. Habló de promover un sistema de protección que garantice la ciudadanía consolidada entendida, desde el punto de vista del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas las personas. Por eso esgrimió que en este nuevo modelo de protección que se solicitó en las Jornadas, “deben existir distintos tipos de ayudas, la renta básica de ciudadanía; la rentas de inserción como el IAI y ayudas de urgencia que cubren necesidades puntuales y sobrevenidas y otro tipo de ayudas complementarias que promueven otras entidades como Cáritas que solo el año pasado destinó dos millones de euros a ayudas sociales”.

Para hacer frente a esta situación, además de dotar con personal y con mayor presupuesto los servicios sociales, Carmelo Asensio, concejal de CHA presentó la propuesta de la creación de la renta básica de ciudadanía, como objetivo prioritario y viable para reducir la desigualdad y conferir derechos de ciudadanía a toda la población. En este sentido, dejó claro que hasta que se pueda poner en marcha esta propuesta, “Aragón debe dotarse de un sistema de rentas de inserción, como el IAI, lo más amplio y flexible posible para que se llegue a la mayoría de las personas en situación de exclusión y que cubra sus necesidades básicas”. No se debe confundir el concepto de renta básica con rentas de inserción que existe en estos momentos. La renta básica tiene un claro carácter universal y no está condicionada a ninguna restricción. La única condición es la de residencia o pertenencia a un territorio o comunidad política.

Pero el cambio normativo que el Gobierno de Aragón pretende hacer con el IAI va justo en la dirección contraria “ya que restringe su acceso y endurece los requisitos de concesión lo que hará que miles de aragoneses en situación de pobreza y exclusión social puedan percibir esta renta de inserción”, tal y como manifestó Carmen Martínez Romances, diputada de CHA en las Cortes de Aragón. Su formación política rechaza totalmente la reforma que el gobierno de Luisa Fernanda Rudi quiere hacer de este ingreso. CHA ha presentado una enmienda a la totalidad a esta reforma.

La renta básica es una de la propuestas políticas más importante que lleva CHA en su programa a las elecciones europeas.