CHA quiere impedir que el Ayuntamiento pueda dar suelo público gratuito a la enseñanza concertada
El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una Ley segregacionista, que, además de volver a poner en primer plano la religión, (si el PSOE hubiera roto el Concordato con el Vaticano, hace años, ahora ya estaría fuera de las aulas) permite a la educación concertada participar en los concursos públicos que convoquen los Gobiernos Autónomos para optar a las parcelas municipales destinadas a equipamientos educativos. Es decir, que las parcelas obtenidas por el Ayuntamiento destinadas a equipamientos educativos podrán ser obtenidas por entidades religiosas para que estas construyan sus colegios concertados. Los ayuntamientos ofrecen el suelo y luego es el Gobierno de Aragón quien construye los equipamientos educativos, pero ahora, con la LOMCE, podrán sacar a concurso los suelos para que las diferentes órdenes religiosas y entidades concertadas con la Administración puedan acceder a ellas. Desde CHA decimos que las parcelas públicas para colegios públicos. Así de claro lo ha dicho Juan Martín. Ahora QUE iniciará su tramitación en el Senado, incluye un octavo inciso en el artículo 116 que regula los conciertos con la escuela privada, que además es el objeto ideológico de esta ley. Este apartado afecta a las competencias municipales porque, por primera vez en la historia de la democracia, la privada podrá concursar en las convocatorias públicas para construir y gestionar colegios e institutos en suelo que ha estado siempre destinado a centros educativos públicos. Las parcelas y suelo público que el Ayuntamiento de Zaragoza cede al Gobierno de Aragón ahora no será obligatorio que se destinen a centros educativos públicos lo que supone un giro absoluto en la dotación de equipamientos. Creemos que es bochornoso que el Ayuntamiento ceda gratuitamente suelo al Gobierno de Aragón sin saber si esas parcelas serán para la escuela pública o para la concertada. Zaragoza, según el PGOU tiene casi cien parcelas destinadas a equipamientos educativos públicos, la inmensa mayoría en los barrios de nueva creación, como es lógico. Nuestro grupo presentará en la próxima Gerencia de Urbanismo y también en el pleno una moción para que el Ayuntamiento no ceda suelo al Gobierno de Aragón a no ser que se garantice que solo se destinará a la escuela pública. Es un agravio comparativo tan evidente que hay que evitar que de forma directa o indirecta por la vía de la cesión los suelos municipales terminen en la concertada que ya están haciendo números y buscando parcelas en el extrarradio. El Gobierno de Aragón ya tiene cedidos suelos, que no le han costado un euro y que son para la escuela pública, en caso contrario tendría implicaciones jurídicas y políticas.
