CHA SOLICITA AL GOBIERNO MUNICIPAL QUE PERSONE AL AYUNTAMIENTO EN EL «CASO NAVES»
Nuestro grupo municipal presentará una moción en el pleno de este mes para solicitar al Gobierno de la ciudad que preserve los intereses municipales en el «caso Naves» y vuelva a personarse en dicho proceso judicial que está investigando una presunta malversación de dinero público. Si no vuelve a personarse en el caso, se entenderá que solo querían proteger a sus compañeros de partido encausados por lo que suena a excusa que el gobierno municipal diga que los intereses de la ciudad están suficientemente protegidos y garantizados por otras partes personadas en la causa. Tal y como ha dicho Juan Martín, consideramos que de no continuar en el caso Naves puede entenderse que el consistorio se pliega a los intereses del PSOE en dicho caso, en el que están imputados, entre otros, por una presunta malversación de fondos públicos, varios ex altos cargos socialistas. Además, ahora que se conoce que medio gobierno municipal ha sido imputado por el titular del juzgado de instrucción número 12 por entender que han podido prevaricar como miembros del Consejo de Administración de PlaZa, al gobierno municipal también le interesa personalmente personarse en el caso para tener información de primera mano.
Por eso pedimos al gobierno municipal que retome la causa y que defienda los intereses de la ciudad, independientemente de que las acciones municipales en la sociedad PLA-ZA sean del 12,12%. Creemos que el Ayuntamiento debe personarse para salvaguardar los intereses municipales hasta que se produzca la sentencia
La noticia publicada en primicia por LA AGENCA DE NOTICIAS ARAGÓN PRESS, Un exviceconsejero y dos exconsejeros del Gobierno de Aragón, además del vicealcalde de Zaragoza acaban de ser imputados en una de las ocho causas judiciales abiertas que actualmente investiga la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza. En concreto, en la que estudia la adjudicación de las obras del apartadero ferroviario y la urbanización de la zona de reserva para crecimientos por 15,53 millones de euros a la UTE Acciona-Mariano López Navarro.
El magistrado encargado de ello, Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, entiende que han podido prevaricar como miembros del Consejo de Administración de Plaza y por ello cita a declarar en calidad de imputados al exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco y a los exconsejeros Alberto Larraz (Economía) y Maite Verde (Ciencia, Tecnología y Universidad).
Asimismo, imputa al vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y a la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso. En la lista también añade a José Luis Abad, exconsejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; a la concejala del Mayor, María Isabel López; a Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación, y Fernando Casanovas (representantes de CAI en aquel momento); y a José Luis Rodrigo Moya (representante de Ibercaja en aquel momento).
A la lista se añadirían el exconsejero socialista Alfonso Vicente (Transporte) y el aragonesista Alfredo Boné (Medio Ambiente) y al actual consejero popular de Economía, Francisco Bono. Sin embargo, el juez es incompetente para imputarles porque estos tres son diputados y gozan de aforamiento. Esta situación hace que haya tenido que trasladar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El juez Tello señala en el escrito, al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, que todos tienen responsabilidad en esta causa. Entiende que fueron quienes tomaron la decisión para formar la voluntad del órgano y que se trata de personas a las que es aplicable la condición de funcionario público.
Admite el instructor que se puede decir que la decisión la tomaron condicionados por la información que ofreció el exgerente, Ricardo García Becerril –imputado en esta causa–, pero que, aun así, son resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración y que “en la formación de esa voluntad intervenían todos y cada uno de los miembros presentes en las distintas reuniones, evidentemente pudiendo votar en un sentido diferente al que lo hicieron”.
El auto va más allá cuando dice que los trece imputados “pudieron pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado, especialmente de las consecuencias de la decisión que estaba tomaron, pero que nada hicieron”.
A estas afirmaciones llega el magistrado, tal y como reconoce, después de que García Becerril y sus letrados José María Gimeno del Busto y José María Pabán aportara todas las actas del Consejo de Administración en la que éste estaba perfectamente informado de los contratos.
DECLARARÁN A PARTIR DEL 14 DE JULIO
El magistrado Alfonso Tello ya tomó declaración por este caso al trabajador de Acciona, Chabier Mayayo, en calidad de testigo, y al exgerente Ricardo García Becerril. A esta lista se sumará el próximo 14 de julio: Carlos Esco, Alberto Larraz, María Teresa Verde y José Luis Abad.
El día 15 de julio están llamados María Isabel López, Agustín García Inda, Fernando Casasnovas y José Luis Rodrigo. Ya el día 17 lo harán Carmen Dueso y Fernando Gimeno.
Como testigos también tendrán que ir a declarar la exsecretaria de Plaza, Pilar Lidón; el secretario de Plaza Ignacio Sarria y el abogado de Plaza José Manuel García-Figueras.
