CHA QUIERE QUE EL AYUNTAMIENTO NO APLIQUE LA REFORMA LABORAL
Nuestro grupo municipal va a presentar esta mociónen este pleno de febrero para conseguir que el Ayuntamiento de Zaragoza, en defensa de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora, rechace el Real Decreto de reforma laboral aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012. Este decreto abarata y facilita el despido, afecta gravemente al modelo de negociación colectiva y restringe los derechos colectivos de los trabajadores aumentando el poder discrecional de los empresarios.
El Ayuntamiento de Zaragoza también se comprometerá a no aplicar el contenido de la reforma en la plantilla municipal ni a los trabajadores del resto de entidades y organismos autónomos municipales, en especial en lo que se refiere al despido colectivo y objetivo que propicia la extinción de contratos de los empleados laborales.
Por último, la moción de CHA también pedirá que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a no utilizar los servicios de las agencias de colocación privadas ni de empresas de trabajo temporal en ninguna de sus actividades, ni en aquellas que desarrolla a través de entidades u organismos autónomos municipales.
El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de reforma laboral, una reforma injusta con los trabajadores que destruirá puestos de trabajo al facilitar y abaratar el despido, contraria a lo que necesita nuestra economía y que recorta los derechos colectivos de los trabajadores para aumentar el poder discrecional de los empresarios.
Con esta reforma se abre la puerta al despido libre y se facilita la destrucción de empleo. La creación de un nuevo contrato indefinido con posibilidad de extinción durante su primer año sin indemnización alguna y a voluntad del empresario, introduce el despido libre en nuestro mercado laboral y suscita dudas razonables sobre su constitucionalidad. En este mismo sentido la reforma reduce la indemnización por despido improcedente, modifica las causas de despido y elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que redundará en una mayor facilidad para poder despedir trabajadores y a un menor coste.
En lugar de reducir la cantidad de contratos laborales temporales existentes la reforma empeora las modalidades de contratación existentes, en concreto el contrato para la formación y el aprendizaje, que se desvincula de la formación del trabajador, y el contrato a tiempo parcial, que se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias lo que animará a un mayor fraude en su realización con el consiguiente efecto sobre las cotizaciones y prestaciones sociales. Precisamente estos contratos son los que más se utilizan para la contratación de jóvenes y mujeres, con lo que se están creando las condiciones para condenar a amplios grupos sociales a la precariedad más absoluta y al infraempleo.
El Real Decreto vulnera el ejercicio de la autonomía de las partes y atenta contra el modelo de negociación colectiva. Recoge la no aplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, pone fin a la ultractividad de los convenios colectivos a los dos años de terminada su vigencia y sitúa al convenio de empresa como preferente respecto al convenio sectorial o territorial, lo que individualiza las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en detrimento de la negociación colectiva.
El Gobierno precariza las condiciones laborales de los trabajadores y aumenta el poder discrecional de los empresarios al permitir que estos, de forma unilateral, puedan modificar la jornada, el horario, los salarios y otras condiciones sustanciales de trabajo. Permite suspender o reducir temporalmente la jornada sin autorización administrativa y amplia las posibilidades de movilidad geográfica, con lo que las condiciones laborales de muchas personas empeorarán y quedarán desprotegidas frente a un cada vez mayor poder discrecional del empresario.
La reforma laboral también incidirá en la calidad de los servicios públicos y facilitará el despido de los empleados laborales de las Administraciones Públicas. Además del cambio introducido que permitirá que los puestos de trabajo ocupados con contratos laborales puedan ser ocupados por desempleados preceptores de la prestación por desempleo, el cambio más preocupante es el que permitirá aplicar a los empleados laborales públicos las mismas causas de despido que las establecidas para la empresa privada, con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo desde las Administraciones Públicas.
