El ayuntamiento defiende el derecho a huelga ante el ataque al sindicalismo democrático

Carmelo Asensio durante el plenoEl Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la moción que CHA ha presentado junto con IU para  instar al Gobierno de España a poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan en las huelgas.  El ataque sin precedentes al sindicalismo democrático ha sido denunciado por los  grupos municipales de CHA, PSOE, e IU  para poner freno al piquete más salvaje que existe en España, el piquete patronal.

Estamos atravesando unos tiempos en los que   los derechos constitucionales, como es el derecho de Huelga, se están viendo vulnerados, por lo que esta moción también solicita que se garantice este derecho constitucional. La segunda parte de esta moción pide  al Gobierno de España a acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica. Tal y como ha defendido Carmelo Asensio,  en estos momentos existen 81 procedimientos abiertos y 260 trabajadores y sindicalistas procesados por ejercer su derecho constitucional a la huelga . Ese es el resultado de la ofensiva que está realizando el PP, un ataque sin precedentes.

Por eso no permitiremos en absoluto que semejante atropello siga para adelante porque el derecho de huelga es un derecho y están en juego años de conquistas sociales conseguidos por personas que  muchas veces se han dejado hasta la vida por lograr estas condiciones sociales y laborales. Es inaudito que el poder público en lugar de ser garante de derechos los esté recortando.

La Constitución Española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales, y en nuestro país, y durante más de treinta y cinco años, los trabajadores han venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo.

Todo esto está siendo ahora cuestionado por el gobierno del PP. Resulta especialmente grave que la participación en la convocatoria de una huelga haya derivado en acusaciones por parte de la Fiscalía por atentar con los derechos de los trabajadores. Aunque pueda parecer contradictorio que una persona que se encarga de defender esos derechos sea juzgado por lo contrario, lo cierto es que en los últimos meses, el Ministerio Público ha solicitado  numerosas penas de prisión por supuestas coacciones durante las últimas huelgas generales.
Se observa una tendencia por parte de la Fiscalía a pedir las penas máximas para los supuestos responsables de cualquier incidente durante una jornada de huelga, lo cual supone una evidente criminalización del ejercicio de un derecho fundamental recogido por la Constitución. Esto ha provocado que se pidan castigos ejemplares con penas de cárcel a sindicalistas por ejercer un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Este Ayuntamiento no puede permanecer impasible cuando trabajadores y trabajadoras como los sindicalistas de Airbus, Ana y Tatuara condenadas por echar pintura en una piscina durante una huelga en 2010 o Miguel y Ana por su actuación como piquetes informativos en la huelga de 2012, entre otros tantos, tienen que ingresar en prisión.

 

CHA ZGZ

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