Sumar Aragón defiende un modelo energético en Europa que va más allá del cambio tecnológico
La coalición defiende la urgencia de revertir un modelo depredador del territorio por otro planificado donde la descarbonización juegue un papel fundamental, y que esté basado en las comunidades energéticas y evite depender de oligopolios.
La Unión Europea es el espacio más determinante a la hora de definir las políticas sobre los mercados, el medio ambiente y la energía en sí misma. El Pacto Verde Europeo ha marcado el camino para la descarbonización del modelo productivo y el cumplimiento de los compromisos en la lucha contra el cambio climático cuyos efectos estamos sufriendo con virulencia en los últimos años. Desde Sumar afirman que supone el mayor reto que afrontamos.
Álvaro Sanz, candidato de Sumar Aragón ha declarado que “la transición energética es una necesidad que hay que entender más allá de un cambio tecnológico para dar cumplimiento a la descarbonización de nuestro modelo productivo y luchar contra el cambio climático, tenemos que afrontar reformas en los mercados de la energía y que las instituciones garanticen la energía como un derecho fundamental.”
En la misma línea, el candidato de Sumar Aragón, Miguel Martínez Tomey, afirma que “la Unión Europea es clave en la definición de políticas sobre mercados, medio ambiente y energía. El Pacto Verde Europeo impulsa la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, mientras buscamos una transición energética justa hacia las energías renovables. Desde Sumar, proponemos un modelo basado en la propiedad pública y comunitaria de los recursos, rechazando macroparques sin garantías medioambientales. La planificación pública es esencial para un desarrollo sostenible y democrático, evitando un modelo depredador y especulativo. Aragón ya sufre las consecuencias negativas de dejar esta transición en manos de oligopolios.”
En rueda de prensa, se han expuesto igualmente las principales propuestas en materia energética de la coalición entre las que destacan: revertir el modelo de Unión Energética, con otro basado en la propiedad pública y común de los recursos, para que generar energía no pueda depender de oligopolios. Una transición inmediata, planificada y pública que rechace los planes de despliegue de macroparques eólicos o solares en los entornos rurales. El apoyo a las renovables con garantías ambientales, territoriales y sociales que respondan a las necesidades reales de consumo energético y en terrenos sin valores ecológicos o agrarios.
Finalmente, se ha hecho especial hincapié en aprovechar las oportunidades que brindan las Comunidades Energéticas Locales, la generación distribuida, el autoconsumo colectivo e individual, el ahorro y la eficiencia energética o el almacenamiento, que son instrumentos valiosísimos que deben primar en su contribución del Nuevo Modelo Energético justo, más participativo y democrático. Los fondos públicos para a las energías renovables no deben contribuir a un modelo depredador y especulativo, como tampoco debe destinarse a empresas de reconocida solvencia económica. Deben favorecer el empleo y generar tejido productivo local y comunitario, revirtiendo así en toda la sociedad.