CHA propone que la Casa Socorro garantice la atención sanitaria básica a los inmigrantes

El 31 de agosto entrará en vigor el decreto por el cual las personas inmigrantes en situación irregular dejarán de tener derecho a la tarjeta sanitaria. Esta salvaje decisión del gobierno  de Mariano Rajoy que favorece  la exención fiscal de la Iglesia pero que luego no sigue sus preceptos (¿no dijo Jesucristo, según recoge el evangelista Mateo en el versículo 35-36 que hay que dar de comer al hambriento, agua al sediento…visitar -en este caso, curar- al enfermo?). Pues resulta que no.  Viendo que el PP ha enterrado todos los principios humanitarios y que el único «cristianismo» que demuestran es el seguimiento al puntal del Real Madrid, desde el grupo municipal de Chunta Aragonesista hemos presentado esta moción para  que la Casa de Socorro   dé asistencia a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria, bien a través de convenios con entidades sociales o mediante la utilización de sus propios recursos humanos, (actualmente hay 15 médicos y  otro tanto de personal de enfermería) para garantizar una primera asistencia sanitaria general a las personas que hayan quedado sin cobertura sanitaria por diferentes motivos.

El gobierno del PP, contraviniendo la Declaración Universal de los Derecho Humanos y la Carta Europea  de los Derechos Fundamentales  no solo va a condenar a estas personas en situación irregular sino que, además, va a generar un problema de salud pública al resto de población al impedir que personas que puedan desarrollar una enfermedad no se les cure a tiempo. Esto no lo dice Chunta Aragonesista sino el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, quien asegura que al impedir que los inmigrantes en situación irregular acudan a la Atención Primaria «desaparece la posibilidad de prevención y detección temprana de enfermedades», al igual que la posibilidad de detección de casos de violencia de género o trata de personas con fines de explotación y la consecuente activación de los protocolos para combatir ambos delitos.  Por lo que según el Foro, «retirar la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular podría llegar a provocar «problemas de salud pública» y «efectos secundarios en la población residente legal», ya que los grupos a los que se dificulte el acceso a la Atención Primaria van a contraer enfermedades «y las van a propagar». En Aragón, además, se tendría que reformar el Estatuto de Autonomía para poder  aplicar esta medida.  Este viernes, veremos qué pasa en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

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