A propuesta de CHA, las ayudas urgentes se tramitarán en un plazo máximo de una semana

los tresReducir a una semana la tramitación  de ayudas de urgente necesidad es una de las cinco propuestas de resolución de CHA, aprobadas en el Debate del Estado de la Ciudad. Un compromiso político para mantener el 100% de  la plantilla de las contratas municipales; el pago en especie de los alquileres  de viviendas municipales, que las sociedades del Ayuntamiento realicen un balance de aportación al Bien Común, según los parámetros de la nueva Economía del Bien Común y la petición al Gobierno de Aragón para que inicie en este año la tramitación de la Ley de Capitalidad constituyen el resto  de las propuestas de CHA aprobadas para 2014. La sexta propuesta, la que pedíamos que no se pueda construir pisos en la Ciudad de la Justicia, no ha obtenido el respaldo suficiente del pleno.

Todas ellas son propuestas que tienen que ver con problemas reales de gestión y de la realidad social de los ciudadanos y de los servicios municipales, como la aprobada para  que las ayudas urgentes se tramiten en menos de una semana  para los casos de máxima necesidad o emergencia social. «Este es un compromiso político en un asunto para el que se necesita un nivel de respuesta de días y no meses, como ocurre ahora en la DGA», ha insistido Juan Martín, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza. El enorme volumen de solicitudes de estas ayudas se está tramitando en un plazo de un mes y en algunos casos la situación de urgencia ya es irresoluble.

La segunda propuesta, además de tener fin social, va dirigida a resolver los impagos de los alquileres de las viviendas sociales municipales, que ascienden a más de 700.000 euros. De esta forma, CHA plantea que, previo informe de los trabajadores sociales, los inquilinos más desfavorecidos puedan sustituir el abono en metálico de la mensualidad por trabajos en los edificios.

CHA también se ha referido a la situación de las contratas municipales en una de sus iniciativas. En este sentido, la formación exige que se mantenga el 100% de la plantilla de estas empresas. El Ayuntamiento, ha señalado, “tiene que dar ejemplo de trabajar por el bien común y no se puede permitir que se produzcan aplicaciones de la Reforma Laboral”.

Siguiendo en el ámbito empresarial, Martín ha defendido una medida que ha calificado como “novedosa y arriesgad”. Pide que las seis sociedades públicas municipales, como ya lo hacen otras 1.412 empresas en más de 21 países, realicen un “Balance de aportación al bien común”. Se trata de demostrar que llevan a cabo una gestión ética de los suministros, que dan calidad a los puestos de trabajo, que apuestan por la igualdad salarial, la eliminación de las horas extra, o el reparto justo de las horas de trabajo, entre otras cuestiones. Una iniciativa que está a la vanguardia de la gestión empresarial.

 

 

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