Línea 900 irregular y de pago
Luis García Arrazola, Secretario de Derechos y Movimientos Sociales de CHA-Zaragoza.
La privatización de los servicios esenciales ya está en marcha en el Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo pone de manifiesto la contratación con una empresa privada del servicio de línea telefónica 900 para atender las llamadas de las personas que desean acceder a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS). Una línea que podría ser ilegal y que además dificulta y ralentiza el acceso de la ciudadanía a los Servicios Sociales municipales.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado tres contratos a una misma empresa privada por un importe total de 62.770 euros para la línea privada 900 y, según ha manifestado el alcalde Jorge Azcón, la intención es mantener dicho servicio, por lo que el coste para las arcas municipales irá en aumento año tras año.
La línea 900 podría ser ilegal, porque la Ley de Servicios Sociales de Aragón y la legislación que la desarrolla establece que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social que prestan los Centros Municipales de Servicios Sociales son de naturaleza esencial, constituyen un derecho subjetivo y el acceso a los mismos se ha realizar de forma directa por la ciudadanía. Se establece que su gestión es pública y corresponde a los profesionales de la estructura básica del CMSS, no pudiendo ser subcontratado este servicio con empresas privadas. La legislación prevé además la creación de servicios de triaje para su acceso, que deben ser prestados siempre por personal municipal.
Asimismo, el carácter de emergencia derivado del estado de alarma por la pandemia de la covid-19, en el que se amparó el Ayuntamiento de Zaragoza para la creación de la línea 900, no tiene en estos momento tal carácter, ya que los trabajadores municipales se encuentran en sus puestos de trabajo y pueden prestar el servicio con normalidad sin sobrecoste para las arcas municipales.
La línea 900 ralentiza el acceso de la ciudadanía a los Centros Municipales de Servicios Sociales. Antes de su creación, las personas usuarias llamaban directamente al CMSS de su barrio para pedir cita con su trabajador o trabajadora social de referencia o solicitar información u orientación. Ahora tienen que llamar necesariamente a la línea 900 y desde esta se les deriva al centro que les corresponde, que es donde realmente les atienden. Es necesario constatar que las más de 57.000 personas que, según los datos del propio Ayuntamiento, utilizaron la línea 900 hasta primeros de diciembre han llamado una media de nueve veces hasta llegar a ser atendidas en sus necesidades.
Los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales conocen a las personas usuarias de los mismos y tienen los conocimientos y la experiencia para priorizar las demandas e intervenciones de las personas del barrio al que atienden. Esta capacidad de priorización se ve dificultada al centralizar la primera atención a través de la línea privada 900.
Los Servicios Sociales trabajan con personas, grupos y comunidades con distintas situaciones problemáticas, muchas de ellas graves. El modelo de atención a través de teleoperadores que proporciona la línea 900, similar al de las compañías telefónicas, deshumaniza y convierte a las personas en ‘clientes’ en lugar de ciudadanas y ciudadanos con derechos.
Desde Chunta Aragonesista consideramos que el gobierno municipal PP-Cs ha aprovechado la covid-19 para privatizar de forma ilegal servicios y cambiar a un modelo de intervención impersonal alejado de la práctica habitual del Sistema Público de Servicios Sociales. Por este motivo, reclamamos el cierre inmediato de la línea 900 del Ayuntamiento de Zaragoza.
