CHA pide en el pleno que se cubran las plazas sin asignar de la Casa Amparo
El pleno municipal ha aprobado esta moción de nuestro grupo político para que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a cumplir el convenio suscrito entre ambas Administraciones para cubrir las plazas residenciales concertadas en la Casa de Amparo, actualmente sin ocupar. PSOE e IU han apoyado esta moción de CHA y el PP ha votado en contra. A pesar de la enorme lista de espera, hay 58 plazas para personas con dependencia severa que siguen sin asignarse porque el Gobierno de Aragón no está derivando usuarios a estas plazas concertadas con el Ayuntamiento, tal y como ha defendido hoy Carmelo Asensio. Siete años después de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, el sistema de atención a la dependencia, como otras conquistas sociales, está en grave peligro, tocado de muerte por los recortes del PP que, con sus últimas decisiones, ha generado menos personas atendidas y más paro en el sector. Las listas de espera para recibir ayudas se han disparado a tres años para los dependientes severos y los menos graves han sido excluidos del sistema hasta 2015. Según los datos del Ministerio de Sanidad, 193.000 personas aguardan por una prestación que les corresponde» con esperas de hasta 32 meses que provocan sufrimiento a las familias y crueldad, porque a veces cuando llega la ayuda esa persona ya ha fallecido, tal y como ha dicho Asensio.
CHA también ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza haya rechazado las medidas del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón con las que se está eliminando el sistema público de atención a la dependencia. Resulta increíble que con la gran lista de espera, nada menos que más de 8.000 personas, según el IASS, para poder entrar a una plaza concertada en una residencia tengamos en Zaragoza 58 plazas de estas características sin asignar. La moción también conseguirá que el Gobierno de la Ciudad defienda el mantenimiento de la Casa de Amparo y todos los servicios que presta, dentro del ámbito de gestión municipal, un servicio modelo en este ámbito. Desde que se formó el Gobierno PP-PAR, Zaragoza, según el Observatorio de la Dependencia, ha reducido en un 25% las personas atendidas por la ley de la Dependencia. 6.256 beneficiarios menos en tan solo dos años, pasando de contar con 24.981 personas dependientes atendidas en 2011 a 18.725 en noviembre de 2013. A esto hay que sumar los 8.342 dependientes reconocidos y pendientes de recibir la prestación correspondiente, así como el recorte aplicado por el Gobierno de Aragón en prestaciones económicas y plazas residenciales concertadas. En materia de empleo y según las fuentes del Ministerio de Sanidad, Aragón ha pasado de 3.660 cuidadores familiares en 2012 a 613 en 2013, lo que supone un 83%, la mayor parte empleo femenino con más de 2.800 cuidadoras afectadas.
En la ciudad de Zaragoza la situación no es mejor, a pesar de las abrumadoras necesidades existentes, la actitud del Gobierno de Aragón es reducir a la mínima expresión la ley de dependencia y los cuidados a las personas, como está pasando con estas 58 plazas concertadas en la Casa de Amparo. Es decir, de las 90 plazas dependientes de dicho Departamento sólo ocupa (y paga) 32 de ellas, contribuyendo a que sean las familias las que tengan que hacer frente a situaciones muy complicadas en lugar de poder acceder a un espacio que supone uno de los máximos exponentes de las políticas sociales municipales.
Para colmo y a partir de la entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local el pasado 31 de diciembre, se eliminan de las competencias municipales los servicios sociales, estableciendo de manera muy poco clara el régimen aplicable y dejando al criterio del Gobierno del Luisa Fernanda Rudi el futuro de una materia en la que están demostrando muy poca sensibilidad social.
La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15% ha afectado a 450.000 personas que verán reducidas las exiguas prestaciones que reciben (alrededor de 400€) en unos 55 € al mes. A esto se le añade la desfachatez del Gobierno Estatal que incluso ha cuestionado el papel de los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en todo el Estado y perjudicando de manera evidente su calidad de vida.
En cifras globales se reduce el nivel mínimo de dependencia en más de un 13%. A los 283 millones recortados debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores (en su mayoría mujeres) que se dejarán de abonar. En materia de empleo, según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2012 había 179.829 cuidadores familiares frente a los 18.191 registrados en 2013, es decir 161.628 puestos de trabajo menos, un 90% de reducción.
La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) supuso el mayor avance en materia de protección social en los últimos años, generando derechos subjetivos y reconociendo en todo el Estado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de las que 740.000 son beneficiarias de una prestación o servicio.
Pasados siete años desde la aprobación de dicha Ley y cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su máximo desarrollo, pero el Gobierno de España está imponiendo duros ajustes a golpe de Real Decreto, que hacen peligrar la existencia del mismo, recortando las prestaciones a las personas dependientes, reduciendo la cuantía y el número de beneficiarios, generando inseguridad en la ciudadanía y en las Instituciones y destruyendo miles de puestos de trabajo en el sector, contribuyendo a la continuación de la crisis. CHA se opone a estos duros e injustos recortes que afectan directamente en la calidad y en los derechos de la vida diaria de miles de personas.
